Izquierda Unida dice NO a las últimas medidas aprobadas por el gobierno.

A unos pocos meses de la aprobación por el Parlamento de la Contrarreforma Laboral, que supuso la agresión más importante a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de toda la etapa democrática, el Consejo de Ministros del pasado viernes
día 3 de diciembre, aprobó un paquete de medidas ya anunciadas el miércoles en el Parlamento por Zapatero, que con la excusa de enfrentarse a la crisis, calmar a unos
mercados insaciables y enviar un “mensaje de aliento al empresariado”, profundizan aún más en su política antisocial, centrada en este caso en: privatización de infraestructuras, rebajas fiscales a las empresas y más recortes sociales.
Estas medidas se adoptan sin contar con los sindicatos y con una subordinación a los intereses de los poderes económicos (se toman a raíz de la reunión del Presidente de Gobierno con responsables de las 37 empresas más importantes del país, que le pidieron más reformas y a los que ni siquiera se atrevió a exigirles ninguna aportación a la crisis, de la que en gran parte son responsables).
Se sigue con las recetas ya conocidas, demostradas totalmente ineficaces para salir
de la crisis y crear empleo, que consisten en repartir de forma desigual los esfuerzos, haciendo aumentar los sacrificios a los más débiles y satisfaciendo y aumentando los beneficios de los empresarios.

Las siguientes son las medidas tomadas:

1. Medidas laborales:
- Se da prioridad al Reglamento que creará las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro.
- Los nuevos funcionarios se integrarán en el Régimen General de la Seguridad Social, quedando a extinguir el actual de Clases Pasivas.
- Se incrementará en 1.500 orientadores el Servicio Público de Empleo. Ésta es la única medida con un contenido algo más social, pero con el problema de que es muy difícil orientar sin saber hacia qué puesto de trabajo, y parece que el empleo no se va a recuperar a corto plazo. Por lo que se pueden quedar en “orientar a la nada”

Y además:

- Se suprime, a partir de febrero, la ayuda de 426 Euros a los parados de larga duración que carecen de otros ingresos. Esto significa dejar sin ningún tipo de ingresos a la población con situación más precaria, que se le priva de la única forma de supervivencia.

Esta medida se toma otra vez contra los más débiles, en una situación cada vez más dramática y que según los datos previstos la cifra de beneficiarios de prestaciones contributivas va a disminuir en 700.000 a mediados de 2011.

Según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año, 476.000 familias declaraban no tener ningún ingreso y 1.293.300 hogares contaban con todos sus miembros activos en paro. El Banco de España en su último boletín indica que el 40% de los parados vive en hogares donde nadie trabaja. (en el 2007 era del 27%) situándonos dos puntos por encima del máximo alcanzado en 1994.

2. Privatizaciones:
Vender el poco patrimonio que nos queda: 49% de AENA, 30% de Loterías y Apuestas de Estado y concesión de la gestión de los aeropuertos más importantes: el de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat a empresas privadas. Estas vienen a unirse a las liberalizaciones más salvajes –bajo la excusa de las Directivas Europeas- que se recuerdan en sectores como el ferrocarril o el postal; poniendo con ello en juego miles de puestos de trabajo.

3. Rebajas fiscales:
Rebaja del impuesto de sociedades, permitir a las empresas amortizar sus balances con mayor libertad y ampliar el concepto de pequeña empresa a todas las que facturan 10 millones de Euros al año, en lugar de los 8 millones actuales.

Esta medida va a costar a las arcas públicas (a todos nosotros y nosotras) 230
millones de Euros en el 2011)

4. Ataque a las pensiones:
Además de todo lo anterior, el Gobierno anuncia que el próximo 28 de enero tiene
previsto aprobar en Consejo de Ministros, con o sin acuerdo con los sindicatos, las
propuestas para la reforma del sistema público de pensiones, e iniciar rápidamente
su tramitación parlamentaria.

Estas medidas parecen consistir en:
- Retraso de la edad de jubilación (de los 65 a los 67 años)
- Ampliación del tiempo de cotización para calcular la pensión (ahora 15 años mínimos para tener derecho a pensión y 35 años para cobrar el 100% sí se tienen 65 años)
- Ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 15 a 20 años, lo que supondría para la mayoría una merma entre un 2% y 6% de la pensión a percibir.

El argumento utilizado para cuestionar las actuales pensiones, de que pronto (nadie concreta cuando) “se van a tener que pagar más pensiones, en mayor cuantía y durante más tiempo” aunque sea cierto, olvida que la sostenibilidad y viabilidad del sistema va a depender, entre otros factores, de la población ocupada que haya en cada momento, los salarios que se perciban y el aumento de la productividad, además hay que recordar que en actualmente, la Seguridad Social tiene un superávit de más de 60.000 millones de Euros.

Esta nueva agresión, unida a las anteriores, exige de todas y todos un mayor esfuerzo las movilizaciones que se avecinan, advirtiendo en ellas, además, que si el recorte de las pensiones sigue adelante será necesaria la convocatoria de una HUELGA GENERAL PARA FRENAR LA POLÍTICA ANTISOCIAL DE ESTE GOBIERNO, que parece no tener límites.

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